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La dignidad entendida como absoluto es inalienable –el que está mental y físicamente disminuido no la pierde– y no es cuantificable. A este respecto, todos los hombres nacen y permanecen “iguales en derechos y en dignidad”, y decir que el suicidio asistido o la eutanasia permiten, en ciertas situaciones, una muerte “más” digna no tiene sentido.

En cambio, cada uno puede ligar el sentimiento que él tiene de su dignidad a las aptitudes de comprender, de reflexionar, de tomar decisiones o a una calidad de vida. Cuando una persona estima que su vida no es ya digna de ser vivida –sentimiento a la vez natural, fácilmente comprensible en ciertas situaciones, pero también trágico pues la representación que nos hacemos de nuestra dignidad está ligada a cómo nos miran los otros–, ¿habría que darle la oportunidad de una muerte prematura?

El Comité subraya que las dos concepciones de la dignidad expresan significados muy diferentes de la palabra y que no se excluyen a priori. Subraya también que lo que debe movilizar a la sociedad y a los poderes públicos es la lucha contra las situaciones objetivas de indignidad: la falta de acceso a los cuidados paliativos para todos, el aislamiento de ciertas personas al final de sus días, las malas condiciones de vida y la carencia de acompañamiento de los enfermos y de los discapacitados que hacen imposible para ellos morir en casa. La situación más indigna consistiría en considerar al otro como indigno por razón de ser enfermo, diferente, solo, no activo, costoso…